La persistente situación de desigualdad de la mujer en el mercado de trabajo hace necesario idear mecanismos que, más allá de las fórmulas tradicionales de la tutela antidiscriminatoria negativa, permitan conseguir una igualdad de oportunidades real de este colectivo. La acción positiva, en cuanto tratamiento preferencial que implica una reserva de puestos de trabajo, es el último instrumento ideado para la consecución de este objetivo. Se trata de compensar a las mujeres por la pérdida de expectativas y posibilidades ocasionada por la discriminación social otorgándoles un bien, el puesto de trabajo o una promoción, y evitar, de esta forma, su tradicional privación. La técnica utilizada para conseguir esa finalidad promocional es elevar el sexo a criterio determinante de la decisión empresarial. No se nos escapa la dificultad de implantar en Leyes y medidas concretas estos mecanismos por las implicaciones sociales que conllevan. Así se ha puesto de manifiesto en las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la respecto, así como en la experiencia comparada, en concreto, en el ordenamiento jurídico norteamericano donde estas medidas se vienen aplicando con mayor o menor fortuna desde los años sesenta. No obstante, en el presente trabajo se ha intentado sentar una base teórica con el fin de fijar los parámetros de admisibilidad para que su puesta en práctica no entrañe peligros discriminatorios para los hombres. La autora de esta monografía es Profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Pública de Navarra y a lo largo de los últimos años se ha venido ocupando de temas relacionados con las implicaciones laborales y constitucionales del trabajo de la mujer.