En los comienzos del Tercer Milenio el Derecho Internacional Público es, sin duda, el ordenamiento jurídico de la Comunidad Internacional. Una Comunidad mundial, planetaria y cerrada, todavía caracterizada y condicionada por la soberanía del Estado; soberanía que se proyecta tanto sobre la creación, la interpretación y la aplicación del Derecho Internacional, como sobre el proceso de codificación de las normas internacionales. Este papel preponderante del Estado se concreta también en la actitud adoptada para desactivar los aspectos más progresistas del Derecho Internacional. Así, figuras y principios jurídicos aparentemente consolidados -y con un elevado contenido progresista algunos de ellos- como las del crimen internacional, del patrimonio común de la Humanidad o de la libertad de pesca en Alta Mar han comenzado a ser atacados y erosionados. Paralelamente, se asiste a una proliferación de Tribunales internacionales que sugiere la necesidad de abordar la hipótesis de jurisprudencias divergentes en ámbitos materiales concretos: Derechos Humanos y Derecho del Mar, entre otros. Algunos ejemplos de la práctica revelan que la posibilidad de tal divergencia es real, afectando la misma a la unidad y a la coherencia del Derecho Internacional. En este contexto, el Tribunal Internacional de Justicia continúa siendo -como expresa la Carta de las Naciones Unidas- el órgano judicial principal de tal Organización. Sin embargo, su jurisprudencia más reciente proporciona por desgracia ejemplos de una actuación en ocasiones sumisa a los intereses de los Estados e impropia de un órgano judicial que insistentemente reclama para sí ese carácter de órgano judicial principal de las Naciones Unidas. En definitiva, una aproximación crítica y actual a los aspectos fundamentales del ordenamiento internacional.