XXI Jornadas de estudios. 9 a 11 de junio de 1999. Edición de Abogacía General del Estado. Coeditado con el Ministerio de Justicia, Banco Santander Central Hispano y Civitas Ediciones (2001). La lectura de la obra Hacia una Justicia Internacional, fruto de la vigésimo primera edición de las Jornadas de Estudio de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, constituye una importante oportunidad para reflexionar sobre los avances llevados a cabo en los últimos años en la creación y consolidación de una Justicia de ámbito supranacional. Los avances tecnológicos, especialmente en el campo de los transportes y las comunicaciones, y el proceso de globalización de las relaciones jurídicas han propiciado el nacimiento y desarrollo de una justicia de ámbito supranacional. La situación actual refleja un panorama esperanzador que, aunque todavía no exento de dificultades, avanza decididamente hacia la consolidación de diversos sistemas de Justicia Internacional que permitan garantizar una eficaz salvaguarda de los derechos de la persona en el mundo. En este contexto, el quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de Naciones Unidas, el día 17 de julio de 1998, las recientes experiencias del Tribunal Internacional de Justicia en casos como el de Yugoslavia, Ruanda y Kosovo, y el avance de la construcción europea, con una presencia cada vez mayor del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la esfera jurídica de los Estados miembros, justifican la elección del tema objeto de las XXI Jornadas de Estudio de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado. El proceso de integración europea exige la continua adopción de medidas encaminadas a la creación de un espacio único, donde la libertad de movimientos de personas y el reconocimiento de derechos y libertades sea una realidad. Estas medidas, con el reconocimiento de derechos y libertades que conllevan, no deben tener como consecuencia que la posible discordancia o divergencia de las normas internas de los diferentes países pueda llegar a otorgar ventajas y protección a los infractores del ordenamiento jurídico, produciendo con ello un notable