El Derecho Comunitario europeo repercute, cada vez más, sobre los ordenamientos jurídicos nacionales. Estas repercusiones son también apreciables en los ordenamientos penales, puesto que mientras que el Derecho Comunitario determina aquello que debe ser objeto de protección penal, los Derechos Penales nacionales están encargados de la configuración de dicha protección. Además, las sanciones previstas por el Derecho Comunitario son impuestas en parte por la Comisión, pero también, cada vez de forma más numerosa, por las autoridades administrativas de los Estados miembros.