Con la ejecución de las sentencias dictadas por los órganos judiciales culmina la potestad jurisdiccional reconocida en el art. 117 Constitución. En el ámbito jurídico laboral esta fase de la administración de la justicia se regula en el Libro IV del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, siendo, dentro de la normativa procesal laboral, la que precisa de la mayor complementariedad por parte de las normas procesales civiles para manifestarse plenamente, tanto en la ejecución definitiva como en la ejecución provisional de las sentencias; sin embargo, la reciente aprobación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, es causa de que nos encontramos ante grandes vacíos interpretativos, provocados por la introducción de novedades procesales y criterios de rapidez procesal y por la ausencia de directrices por parte de los Tribunales para resolver las dudas interpretativas, aparte de que, aún, no están plenamente identificados todos los problemas derivados de la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil