El trabajo arqueológico obedece a pautas metodológicas precisas, a criterios científicos que persiguen el incremento del conocimiento; ello nada tiene que ver con los saqueadores, pero tampoco con la actividad de quienes circulan por ahí buscando en sus ratos libres objetos sueltos con los que completar una colección particular que a su muerte donarán desinteresadamente a un museo local. Esta no es sólo la opinión de los autores del presente libro, sino que es la del legislador. Es verdad que las leyes parten de este presupuesto desde hace bastante tiempo, pero ha sido a raíz de la del Patrimonio Histórico Español de 1985, fecundamente secundada por las aprobadas por las comunidades autónomas, cuando el mismo ha recibido un potente e inequívoco espaldarazo normativo llamado a desterrar definitivamente del concepto de Arqueología cualquier intervención que se no se ajuste a criterios científicos y a reservar el régimen jurídico del patrimonio arqueológico a los frutos de dicha actividad. De esta forma, dos ramas del saber muy distintas entre sí, la Arqueología y el Derecho, contribuyen cada una a su manera y con sus respectivos instrumentos a racionalizar y ordenar una materia cuya importancia trasciende de la satisfacción personal pues se inscribe en el plano de lo social. Un patrimonio que está llamado en últim...