Las reglas de carga de la prueba orientan la actividad probatoria de las partes y ofrecen al órgano judicial una regla de juicio cuando, en el momento de dictar sentencia, aprecia una insuficiencia o falta de prueba con relación a los hechos controvertidos.Pese a los esfuerzos legislativos para mejorar la aplicación práctica de la institución, en esta obra se advierten las importantes dudas que sigue generando, lo que no deja de ser un reflejo de los muy diferentes posicionamientos doctrinales que ha habido con relación a la figura desde los autores clásicos del Derecho Procesal hasta la actualidad. En este trabajo se analizan las distintas soluciones doctrinales, legales y jurisprudenciales sobre la materia, chequeando su compatibilidad con el debido respeto a las garantías procesales básicas.Se apuntan propuestas de mejora que sean aplicables con una interpretación generosa de la regulación vigente, pero se advierte la necesidad de una reforma global de su normativa, que atienda a la repercusión de la figura en las distintas fases de la dinámica de un juicio y no solamente al dictar sentencia. La inevitable casuística que rige en la materia imposibilita que pueda preverse de antemano una completa relación de reglas de carga estáticas, que ofrezcan una respuesta adecuada a todos los supuestos.La LEC, con acierto, admite la aplicación de reglas de carga flexibles que permitan distribuirla a aquella parte que goce de mayor facilidad probatoria en el caso concreto. El problema es que se emplean de forma sorpresiva al dictar sentencia, por lo que las partes sufren una indefensión al no haber podido acomodar su estrategia defensiva a las mismas, esto es, su solicitud de prueba al respecto.