A mediados de mayo de 2007, “Odissey”, la más importante empresa mundial de cazatesoros submarinos, anunciaba el hallazgo en aguas internacionales del Atlántico de un importantísimo cargamento de monedas –más de medio millón-, negándose a revelar la nacionalidad y localización exacta del buque, lo que despertó las sospechas del Gobierno español sobre un posible expolio. Transportada la mayor parte de lo obtenido a los Estados Unidos, en sus tribunales se litigó entre España y la empresa por los derechos del hallazgo, resultando la documentación histórica aportada y su interpretación, determinantes en la resolución final. Constituida España en parte por considerar el pecio los restos de un buque de guerra propio, la fragata “Mercedes”, el 3 de junio de 2009 el magistrado instructor emitía su informe y recomendación favorables a ella en todas sus aspiraciones. A esto se opusieron Odyssey, el gobierno peruano, que también reclamaba el tesoro, y algunos presuntos herederos de los propietarios de la mercancía, mientras que el gobierno de Estados Unidos adoptaba una posición favorable a España. El 22 de diciembre de 2009, se obtenía sentencia reconociendo el valor probatorio de los argumentos españoles aceptados previamente por el instructor y se ratificaba que se debía entregar lo obtenido a España, recociendo su propiedad legal y estableciendo plazo. Los diferentes recursos de Odissey ante el Tribunal de Apelaciones de Atlanta y ante la Corte Suprema, fueron desestimados respectivamente en 29 de noviembre de 2011 y 31 de enero de 2012. El 25 de febrero de 2012, llegaban las monedas a España, tras cinco años de disputa y ésta recuperaba la carga y algunos objetos, sepultados en la mar en 1804.