Naturalmente a la formación de la teoría del Estado constitucional han contribuido corrientes de pensamiento muy diversas. Pero dejando al margen inclinaciones puramente personales, la decisión de explorar los problemas relacionados con los fundamentos normativos del Estado constitucional a través de la tradición del contrato social casi se justifica por sí sola. Con todo, aduciré algunas razones. Ante todo hay una razón de oportunidad teórica, vinculada a la enorme significación que tienen las teorías del contrato social en la cultura política moderna. Aunque las doctrinas contractualistas tienen raíces que retroceden muy atrás en el tiempo, es notorio que tienen su momento de floración en la modernidad, y están tan estrechamente vinculadas a los desarrollos del pensamiento político moderno que apenas es posible presentar hoy algunos de los problemas más importantes en relación con el tema de la justicia o de la legitimidad del orden jurídico-político vigente sin invocarlas o, por lo menos, presuponerlas como telón de fondo de la discusión. Componentes importantes de nuestro repertorio de conceptos e ideas políticas, incluso la formulación misma de problemas centrales, si no proceden directamente de doctrinas contractualistas, por lo menos alcanzaron en ellas un grado muy notable de articulación teórica. En filosofía política todavía somos en gran medida epígonos de los clásicos de los siglos XVII y XVIII, y nos movemos en un horizonte de problemas que en buena parte fue acotado por ellos. En este sentido, un estudio de las teorías del contrato social es un camino muy cómodo para recorrer en sus tramos más importantes el proceso de formación del sistema conceptual de la filosofía política moderna.