El proceso de ampliación de la Unión Europea y de apertura de las fronteras interiores, en los últimos años, ha ido acompañado de una creciente bunquerización de las fronteras exteriores y un reguero de muertes entre quienes no tienen otra opción de supervivencia que arriesgar la vida para entrar en Europa. Para cerrar el paso a las masas empobrecidas del Sur y del Este o para regular el flujo de sin papeles adaptándolo a las necesidades del mercado negro de trabajo -uno de los pilares del mercado libre-, la UE no ha dudado en recurrir a legislaciones de control cada vez más autoritarias, a las tecnologías más sofisticadas, a la militarización de las fronteras y también a los métodos más abyectos de chantaje para externalizar la responsabilidad del control de la emigración procedente de terceros países a los países colindantes con la UE. Los centros de internamiento de emigrantes -esos limbos legales que podríamos considerar los Guantánamos europeos-, la colaboración policial y militar a través de la agencia europea Frontex, junto con los acuerdos bilaterales de repatriación a cambio de ayuda al desarrollo y cupos de contratos de trabajo para emigrantes son los tres ejes principales de la política migratoria europea. El Estado español se ha convertido en uno de los paladines de esta política y, junto con Italia y Grecia, en uno de los guardianes de la Frontera sur.