Todas las sociedades son plurales. Por ello, un Estado que se precie de democrático no puede negar dicha realidad y debe reconocer el pluralismo en toda su extensión. En este sentido, la democratización de América Latina va unida inexorablemente al reconocimiento y respeto de la diversidad étnica y cultural. Diversidad que, en el ámbito normativo, encuentra su reflejo directo en la vigencia del Derecho indígena, que coexiste junto al Derecho estatal. Es precisamente esta coexistencia de sistemas jurídicos en un mismo territorio, en un mismo Estado, la que permite hablar de un pluralismo jurídico. Reconocimiento que comporta, a su vez, la necesidad de articular o coordinar ambas jurisdicciones (la estatal y la indígena).