Este librito que tiene el lector en sus manos recoge cuatro ponencias del autor, entrelazadas por dos hilos temáticos afines: las lenguas y los derechos fundamentales, y el lenguaje jurídico. Los dos primeros estudios analizan, en efecto, diversos aspectos de la ordenación constitucional de las lenguas de España. Profundizar en la libertad de la lengua -libertad cuya frecuente invocación no se corresponde con su un tanto raquítico desarrollo técnico-jurídico- como principio clave del Estado de Cultura y encuadrar, dentro de los principios de mérito y capacidad, la exigencia de conocimientos lingüísticos (tanto de idiomas extranjeros como de lenguas vernáculas) a los funcionarios son las dos inquietudes principales que impulsan ambos trabajos. Los dos últimos estudios versan sobre el lenguaje jurídico. La antigua, y hoy reavivada, preocupación por la mala calidad comunicativa y gramatical del lenguaje jurídico (legal, administrativo, jurisprudencial?) apenas ha contado hasta ahora con estudios de investigación y prácticos. Sin embargo, rompiendo con ese vacío bibliográfico, el autor lleva a cabo un diagnóstico sobre la situación actual del lenguaje administrativo castellano, y asimismo nos ofrece un cuerpo de propuestas para la mejora del lenguaje legal: un conciso pero enjundioso Manual de Estilo para aquéllos cuyo quehacer les exige intervenir en la redacción de normas jurídicas, pero también muy útil para la redacción de documentos jurídicos en general.